Más de 120 solicitudes para construir una startup de tecnología financiera han sido puestas bajo la lupa de la Ley fintech desde que fue promulgada en marzo de 2018. Sin embargo, poca agua ha corrido bajo este puente; la pandemia y la golpeada economía entre otras razones han retrasado lo que se esperaba que fuera “el crecimiento del ecosistema regulado”, dejando a una larga lista de empresas en proceso de autorización o con el peso de un definitivo no.
Con este escenario, no sorprende que los mexicanos abran el debate: ¿Es esto necesario? ¿Deja un beneficio real para el consumidor? Lo explicamos con base en algunos datos de Finnovista publicados en su estudio Fintech Radar.
Por ahora la Ley Fintech no ha puesto freno a la fama desbordada de las tecno-financieras mexicanas y, por supuesto, esa no es su intención. A pesar del amargo 2020 – 2021, nuestro ecosistema se consolidó entre los principales de América Latina, alzando el vuelo con un 16 % de crecimiento y 512 empresas en sus filas.
Lo que sí es cierto es que el llamado “ecosistema regulado” ha ido a paso lento, aunque con un objetivo invaluable de cara a los consumidores: permitir el crecimiento de empresas con ejes de negocios como procesadores móviles de pago, préstamos de persona a persona y plataformas de crowdfunding, priorizando siempre la seguridad que los usuarios merecen.
La meta (y los años de break pandémico) han hecho que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solo hayan dejado operar a 14 entidades de 120 solicitantes, según sostiene el reporte de Finnovista: 6 de ellas bajo el modelo de Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) y ocho como Instituciones de Fondos de Pagos Electrónicos (IFPE) o Wallets.
El principio de la Ley Fintech es recordar que estas startups manejan “recursos del público general”, por lo tanto, delimitar al sector en dos modelos financieros fue la solución más apropiada para proteger al consumidor de modelos poco responsables: o se pertenece a las IFC o a las IFPE o Wallets. Cualquier negocio no autorizado que opere lejos de estas vertientes está incurriendo en un delito.
A noviembre del año pasado, las autoridades pertinentes recibiendo solicitudes de fintech para operar bajo “modelos novedosos”.
Jaime Márquez, Director de nuevos negocios en Sistema de Transferencias y Pagos (STP), explica que la regulación establece bases sólidas para que el ecosistema pueda crecer sin dejar de lado la seguridad de los usuarios.
Cómo decíamos, si una startup no se apega a la normativa establecida por la Ley Fintech está cometiendo un delito si no es una entidad autorizada.
De forma clara, sencilla y a través de una página web, este tipo de startups deberán compartir la información necesaria para que los clientes identifiquen los riesgos de sus operaciones.
En el caso de las wallets, dejar claro que el activo virtual no es moneda de curso legal en el país y no cuenta con el respaldo del gobierno federal ni por el Banco de México (Banxico), pese a que muchas empresas ya se han abierto a este tipo de pagos.
Asimismo, la Institución de Tecnología Financiera (ITF) deberá advertir al consumidor sobre la volatilidad de estas monedas, la imposibilidad de revertir las operaciones que ejecuten y sobre los riesgos tecnológicos, cibernéticos y de fraude inherentes.
También prohíbe a las ITF vender, ceder o transferir su propiedad, dar en préstamo o garantía los activos virtuales que custodien y controlen por cuenta de sus clientes.
Banxico podrá imponer multa de 30 mil a 150 mil UMA por realizar operaciones con activos virtuales o divisas, sin contar con su previa autorización.
Imagen Freepik
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